lunes, 6 de diciembre de 2010

Asociaciones Medicas

ASOCIACIONES MÉDICAS El Colegio de Médicos de Madrid se muestra contrario a la aplicación del copago sanitario La institución colegial denuncia que enfermos crónicos, pensionistas y jubilados serían los más afectados por ser quienes más uso hacen de los servicios médicos En el debate celebrado recientemente sobre “Copago: ¿una opción válida para el sistema nacional de salud?” organizado por semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) y ANIS (Asociación Nacional de Informadores de la Salud), elColegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha mostrado su desacuerdo con la aplicación del copago en el sistema sanitario. Concretamente, su implantación con carácter disuasorio ante el presunto uso excesivo de los servicios sanitarios por su gratuidad podría tener un efecto adverso que se materializa en un diagnóstico tardío de las enfermedades, con el consecuente deterioro de la salud pública así como un aumento del gasto sanitario. Esta situación se agrava especialmente en el caso de tres grupos poblacionales: enfermos crónicos, pensionistas y jubilados, que son quienes más acuden a las consultas, más ingresos hospitalarios necesitan y quienes más fármacos consumen. Así, por ejemplo, el 80% de los ancianos son portadores de al menos una enfermedad crónica y el 45% de más de una. Además, sólo en farmacia, el gasto producido por los mayores se eleva al 77,4% del total. Ante esto, el Dr. Ángel Oso, Vocal de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Madrid comentó que “la implantación del copago como medida recaudatoria supondría que la mayor parte de dicha recaudación dependiese de los enfermos crónicos, pensionistas y jubilados, una situación socialmente injusta, si tenemos en cuenta que en líneas generales, son quienes presentan las rentas más bajas”. Y añade que “la sostenibilidad financiera del sistema sanitario español no puede, ni debe, descansar en el copago de los pensionistas”. El Dr. Oso concluyó diciendoque “la extensión del copago, en el sistema sanitario, significará una agresión a la economía de los ocho millones de pensionistas españoles, que las Organizaciones de Mayores combatirán con todas sus fuerzas”.

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